¿Está la contratación pública bajo sospecha? Eficiencia e integridad a debate en el ciclo “Jueves Derecho” de CUNEF Universidad

Bajo el título “¿Está la contratación pública bajo sospecha?”, el ciclo “Jueves Derecho” de CUNEF Universidad ha celebrado una nueva sesión, en esta ocasión dedicada a la contratación pública, en la que se analizó si los mecanismos de control existentes garantizan a la vez la integridad y la mejor relación entre calidad y precio en la compra de bienes y servicios por las Administraciones públicas.

La mesa redonda reunió a Raquel Reyes Martínez, magistrada de lo contencioso-administrativo destinada en el gabinete técnico del Tribunal Supremo; Paula García Arango, directora de Compliance y Gobierno Corporativo del Grupo ACS y Diego Pérez Martínez, abogado del Estado y director de la Dirección Jurídico Institucional de la AIREF. La conversación fue moderada por Andrés Betancor, director del Departamento de Derecho de CUNEF Universidad.

Un mercado de gran peso y poco conocido

Durante la sesión se subrayó el peso económico de la contratación pública, que según las cifras manejadas ronda entre el 10 y el 15% del PIB anual. Los ponentes coincidieron en que se trata de un mercado de enorme relevancia.

Para ilustrar los problemas de confianza y concurrencia, el moderador citó datos del informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea correspondiente a 2026: un 40% de las empresas españolas que han licitado considera que perdió un contrato como consecuencia de la corrupción, frente a una media europea del 30%. Asimismo, el 34% de las licitaciones españolas de 2025 recibió una sola oferta, frente al 27% de media en Europa. Para los ponentes, ambos indicadores reflejan desconfianza y una menor concurrencia, con efectos sobre la eficacia del gasto público.

 ¿Ineficiencia o irregularidad?

La primera pregunta del debate planteaba qué perjudica más al interés público, la ineficiencia o las irregularidades, y los ponentes ofrecieron respuestas distintas.

Diego Pérez defendió que, como gestor y controlador, le preocupa más la ineficiencia. Explicó que un expediente jurídicamente impecable puede resultar costoso si se adquiere algo innecesario o no se hace seguimiento del contrato, y recordó que legalidad y eficiencia “no son cosas contrapuestas”. También advirtió de que el miedo a equivocarse puede volver a la Administración reactiva y lenta.

Paula García Arango, desde la perspectiva del licitador, sostuvo que la irregularidad es lo más grave, porque destruye la confianza y la competencia y puede apartar al licitador más solvente. De la misma opinión fue Raquel Reyes, por su coste reputacional y de desconfianza, y subrayó que, en la práctica, ambas suelen combinarse.

¿Fallan los controles o están mal orientados?

Diego Pérez consideró que el sistema no carece de controles, sino que el problema está en su calidad y en su foco. A su juicio, los riesgos deben vigilarse sobre todo en la preparación del contrato, donde se producen los fraccionamientos y las adjudicaciones directas, y en la ejecución, donde el incumplimiento de las condiciones ofertadas puede pasar desapercibido.

Paula García Arango defendió que las empresas deben disponer de sistemas propios de gestión de riesgos no financieros, incluidos los de prevención penal y antisoborno, y evidenciarlos ante la Administración sin trasladar esa carga a los poderes públicos. Y Raquel Reyes insistió en la necesidad de reforzar los controles ex ante, porque el control jurisdiccional llega cuando el perjuicio ya se ha producido. Señaló además la conveniencia de que las mesas de contratación motiven mejor sus decisiones cuando aplican criterios no económicos.

Propuestas para mejorar

Entre las aportaciones de los ponentes para mejorar la situación actual, una clara propuesta fue mejorar la transparencia. Raquel Reyes propuso publicar en el portar de contratación todas las adjudicaciones, incluidos los contratos menores, con sus motivaciones, así como las modificaciones contractuales. Según explicó, su publicación tendría un coste reducido y podría reducir litigios y reforzar la confianza.

Paula García Arango planteó como norma general que la Administración no contrate con empresas que no puedan acreditar un modelo real de prevención penal y antisoborno (Compliance), destacó que ya existen modelos como la UNE 19601 y la UNE-ISO 37001 implantadas en las empresas como es el caso de ACS, que facilitan este camino y señaló que la IA generativa puede reducir el coste de implantarlo, también para las pymes.

Abogar por la profesionalización de los empleados públicos y contar con pliegos normalizados. Diego Pérez y Raquel Reyes destacaron la necesidad de formar y especializar a los gestores públicos, sobre todo en pequeñas entidades locales, y de disponer de modelos normalizados que ayuden a redactar pliegos correctamente. Además, Diego Pérez propuso evaluar los resultados, no solo si el expediente es formalmente correcto, sino si el contrato cumplió su finalidad y si su coste estuvo justificado por los resultados.

La sesión repasó además el marco normativo en curso: el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, y decaerá con la convocatoria electoral; la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre la prohibición de contratar; y la propuesta de reglamento europeo de contratación pública, que el moderador anunció que se tratará en una próxima sesión.

Conclusiones

Diego Pérez pidió no desconfiar de la contratación pública, a la que describió como una herramienta necesaria para los servicios públicos que usa la ciudadanía a diario. Paula García Arango defendió que la prevención de la corrupción debe ser efectiva y no meramente formal. Raquel Reyes destacó que la confianza ciudadana es “muy difícil de conseguir y muy fácil de romper”.

La próxima sesión del ciclo tendrá lugar el 5 de noviembre de 2026 y se centrará en el control judicial del poder político.