La tensión entre política y justicia, a debate en el ciclo de seminarios “Jueves, Derecho, CUNEF Universidad”

CUNEF Universidad celebró ayer un nuevo seminario académico del ciclo “Jueves, Derecho, CUNEF Universidad”, bajo el título “¿Está la Justicia amenazada? A propósito del libro de Manuel Marchena”. La sesión se desarrolló en el Aula Magna del Campus Almansa y contó con la participación de Manuel Marchena, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, doctor en Derecho y profesor de CUNEF Universidad; Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y doctor en Derecho; y Julio Banacloche, catedrático de Derecho Procesal y vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad Complutense de Madrid. El debate fue moderado por Jesús Zarzalejos, profesor del departamento de Derecho de CUNEF Universidad.

Durante su intervención inicial, Manuel Marchena explicó que su libro se podría haber publicado hace un siglo, ya que la amenaza a la Justicia no es un fenómeno reciente, aunque en la actualidad “estamos viendo situaciones insólitas que estamos asimilando con normalidad y desbordan todo el enfrentamiento histórico entre la Justicia y el poder político”. A juicio del magistrado, el poder judicial “es un poder vilipendiado, pero también resistente”, llamado a preservar la imparcialidad en un contexto de tensiones recurrentes entre lo político y lo judicial. Por su parte, el magistrado Antonio del Moral añadió que “el poder político siempre va a tener alergia al poder judicial”.

En esta misma línea, Julio Banacloche subrayó que el enfrentamiento entre poder judicial y poder político “se remonta a los orígenes del propio Estado de Derecho”, pero alertó de que actualmente se está produciendo una amenaza más sutil: “Convertir la Justicia en un servicio público más, donde sólo importe la rapidez, sin atender a la calidad ni a la función de garantía de derechos que le es propia”.

También se abordaron aspectos relativos al Ministerio Fiscal, donde Marchena recordó que la independencia de este órgano “no depende del texto constitucional, sino de la voluntad de quienes lo dirigen” y que “no puede convertirse en un órgano elegido a dedo por el Gobierno”. Banacloche coincidió en que cualquier cambio en el modelo de instrucción penal debería ir acompañado de una reforma profunda del Estatuto del Fiscal, para evitar “una subordinación jerárquica incompatible con la neutralidad que exige la investigación penal”.

El jurado popular y Europa

Otro de los temas analizados fue la imagen pública de la Justicia y el papel del jurado popular. Marchena señaló que, aunque entre un 60% y un 80% de los ciudadanos considera que la Justicia está politizada, “esa percepción se sustenta en apenas cinco o diez casos mediáticos. Cada año se celebran más de dos millones y medio de procesos penales, y la mayoría transcurren con normalidad y profesionalidad ejemplar”. También se abordó la creencia de que la mayoría de procedimientos judiciales con jurado popular terminan con sentencias condenatorias. En este sentido, Julio Banacloche apuntó que los ciudadanos “tienden a confiar en el criterio del fiscal, al que perciben como una figura técnica e imparcial”.

El papel de Europa como garante del Estado de Derecho también ocupó la parte final del debate. Zarzalejos recordó los informes recientes de la Comisión Europea sobre el Consejo General del Poder Judicial y los estándares de independencia judicial. Antonio del Moral apuntó que la amenaza a la Justicia “no es sólo temporal, también espacial” y mencionó la casuística en Polonia, Francia o Israel como ejemplos de la tensión universal entre el poder político y el judicial.

Para finalizar, Manuel Marchena se mostró optimista respecto al futuro del sistema judicial y abogó por recuperar el espíritu de consenso institucional. “Ojalá llegue un momento en que las principales fuerzas políticas vuelvan al espíritu de la Transición, con la voluntad de construir una Justicia sólida, basada en el artículo primero de la Constitución y en los valores del Estado de Derecho”, remarcó el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.