Expertos reclaman mayor calidad en las leyes como pilar para la seguridad jurídica

CUNEF Universidad ha celebrado una nueva jornada del ciclo “Jueves Derecho CUNEF Universidad”, bajo el nombre de “Las consecuencias nefastas de las malas leyes”. La sesión, celebrada en el Aula Magna del Campus Almansa, ha contado con la participación de Consuelo Madrigal, fiscal de Sala de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo; Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA; y Antonio Jiménez-Blanco, catedrático de Derecho Administrativo. El encuentro ha sido moderado por Andrés Betancor, director del Departamento de Derecho de CUNEF Universidad.

Andrés Betancor ha abierto el debate distinguiendo entre el "populismo legislativo", que utiliza las leyes como un arma de propaganda, y las "leyes técnicamente defectuosas". Ha subrayado que "la corrección de una mala ley es extraordinariamente costosa y sus efectos dañinos van más allá de su ámbito específico, afectando a los cimientos de la democracia”.

Los ponentes han coincidido en que las deficiencias técnicas en la elaboración de las leyes pueden generar graves consecuencias. Consuelo Madrigal ha ilustrado este punto explicando cómo la omisión de elementos clave en una norma, como las disposiciones que regulan su transición, puede provocar una gran incertidumbre y situaciones de enorme complejidad en su aplicación por parte de los tribunales. Este tipo de fallos, a menudo, dan lugar a lo que Antonio Jiménez-Blanco ha denominado el "efecto cobra", describiendo aquellas leyes que producen un resultado opuesto al que pretendían.

Además de los errores de fondo, se ha señalado la existencia de problemas más básicos, como la falta de claridad o la complejidad excesiva en la redacción, que dificultan la comprensión y aplicación de la norma. Ángel de la Fuente ha añadido otra tipología de leyes, las "leyes mágicas", aquellas que esperan que la realidad se transforme por su mera publicación en el BOE, sin prever mecanismos reales para su cumplimiento. Este fenómeno, se ha concluido, no es exclusivo de España, sino un desafío universal en el diseño de políticas públicas.

El impacto económico de la regulación

En el plano económico, se ha analizado cómo una regulación bienintencionada puede tener efectos adversos si no se anticipan las reacciones del mercado. Ángel de la Fuente ha advertido sobre los riesgos de intervenir en los contratos, explicando que "cuando tú a posteriori modificas los contratos para intentar ayudar a la parte débil, la acabas perjudicando, ya que el mercado se ajusta a las nuevas condiciones, a menudo excluyendo a los más vulnerables”.

De la Fuente ha explicado cómo medidas como la imposición de límites a los alquileres pueden desincentivar la inversión y reducir la oferta de vivienda disponible, logrando un resultado contrario al buscado. Por ello, se ha insistido en la importancia de realizar análisis de impacto que valoren de forma realista las posibles consecuencias antes de aprobar una ley. Como ha lamentado Jiménez-Blanco, existe una carencia formativa en este ámbito, "en las facultades de derecho se estudian mucho las leyes, pero no se estudia la aplicación de las leyes".

La necesidad de mejorar el proceso legislativo

Como vía de mejora, se ha puesto el foco en el procedimiento legislativo. Lejos de proponer nuevos trámites u organismos, Consuelo Madrigal ha abogado por “cumplir el procedimiento legislativo que ya está previsto. No hay que reformarlo, hay que cumplirlo". Para la fiscal, esto implica no solo respetar las fases del procedimiento ordinario, sino también prestar una atención especial a la calidad de la redacción, aspirando a normas claras y precisas, donde el lenguaje sea "perpendicular al hecho".

Ángel de la Fuente ha insistido en la importancia de una evaluación de impacto real y efectiva previa, pero ha advertido que las agencias de evaluación deben ser independientes y contar con personal cualificado, lamentando que a menudo no se dan estas condiciones. La formación de los profesionales es, por tanto, la base de cualquier mejora cultural. Antonio Jiménez-Blanco ha señalado que se necesitan juristas con nuevas capacidades y que "nos faltan instrumentos de medición, una formación más científica y aritmética".

Los expertos han coincidido en la importancia de fortalecer la técnica normativa y los mecanismos de evaluación para garantizar la seguridad jurídica, la estabilidad económica y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Los procedimientos y las técnicas existen, pero no se cumplen, o no con el rigor con el que se debiera. 

Con este seminario, CUNEF Universidad ofrece un espacio de encuentro entre el ámbito académico y el profesional, dedicado a analizar los grandes temas de actualidad jurídica. La próxima sesión se celebrará el 23 de abril con el título: “Guerra y contratos: el impacto de la guerra en los contratos”.