El Derecho constitucional y la seguridad nacional

Desde la publicación de la primera Estrategia de Seguridad Nacional en 2013, en la actual de 2017 y en la propia Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, el concepto oficial se ha mantenido en lo esencial en sus amplios y ambiciosos términos.

La seguridad nacional merece la atención obligada, cercana y urgente de los especialistas del Derecho constitucional. Desde la publicación de la primera Estrategia de Seguridad Nacional en 2013, en la actual de 2017 y en la propia Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, el concepto oficial se ha mantenido en lo esencial en sus amplios y ambiciosos términos.

La seguridad nacional es incuestionablemente una política de Estado y, por tanto, un servicio público, con dos vertientes íntimamente conectadas. La primera se orienta a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos, garantizar la defensa de España y los principios y valores recogidos en la Constitución; la segunda, a la seguridad internacional junto con los socios y aliados de España.

Una concepción de la seguridad nacional como la descrita obliga a estimar, con toda lógica, que la defensa nacional, la seguridad pública, la acción exterior, los servicios de inteligencia y de información del Estado constituyen sus pilares fundamentales y esto, a su vez, ha conducido al legislador a situarla naturalmente entre las competencias y responsabilidades del Gobierno de la nación, con su presidente al frente. Lo que encuentra sustento coherente en los artículos 97 y 98.2 de la Constitución, que rezan respectivamente «el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado» y «el Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo».

Pero resulta que, debajo de este gran marco, es decir, cuando se fijan los ámbitos en los que se deben concretar los objetivos y líneas de acción estratégica de la seguridad nacional (en el presente son el terrorismo, la ciberseguridad, el crimen organizado, la seguridad económica, la seguridad energética, las armas de destrucción masiva, los flujos migratorios, la contrainteligencia, las emergencias y catástrofes naturales, la seguridad marítima, las infraestructuras críticas, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, las pandemias y epidemias, y la protección del medio ambiente) las propias Estrategias y, lo que es más importante, la Ley de Seguridad Nacional (cf. artículos 2, 12 y concordantes) establecen de forma no menos amplia y ambiciosa que no solo son necesarios para el correcto desarrollo de la seguridad nacional los elementos fundamentales con la superior dirección señalados antes, sino que las Cortes Generales y las administraciones públicas del Estado (central, autonómicas y locales), el sector privado y la sociedad civil deben considerarlos de igual modo como objetivos propios.

El legislador ha entendido que la recta comprensión de la seguridad nacional es una tarea compartida por todos los sujetos que concretan la voluntad del Estado y de la Sociedad. Y lo ha comprendido acertadamente; pues estas deben ser, a la postre, coincidentes. La seguridad nacional debe responder a la voluntad del pueblo español que la Sociedad forma y al que sirve el Estado.

La delimitación de su objeto y su desarrollo normativos nos sitúan, de partida, ante tres posibles líneas de estudio. La primera extiende su campo entre las regulaciones constitucional y legal de los estados de alarma, excepción y sitio, la seguridad pública, la protección civil y la seguridad privada, y de la dirección política y legislación general del Estado.

La segunda se traza en la tensión propia de los Estados compuestos, es decir y en el caso de España, la dinámica de las relaciones el Estado central y las Comunidades Autónomas, que se dirime en la supremacía y supletoriedad del derecho estatal frente al derecho autonómico, el reparto de las competencias y los principios de fidelidad constitucional y lealtad institucional. El legislador, con buen criterio, ha introducido la imprescindible y arriesgada noción de «armonización». Dice en la exposición de motivos de la Ley de Seguridad Nacional: «En este contexto aparece el campo de la Seguridad Nacional como un espacio de actuación pública nuevo, enfocado a la armonización de objetivos, recursos y políticas ya existentes en materia de seguridad». Y, más adelante, menciona otro concepto básico, el «interés nacional», habitualmente enmascarado con la expresión «interés general», calificado, de forma inesperada y con acierto, de «superior» y que exige «mejorar la coordinación de las diferentes Administraciones Públicas». Solo esos dos términos pueden suscitar una variada e intensa gama de posturas.

El tercer camino lo delinean evidentemente los derechos fundamentales que se pueden ver eventualmente constreñidos y lesionados con la invocación de la seguridad nacional. Notemos, por poner un solo ejemplo, en la conexión inseparable, creciente y masiva que existe en el ámbito de la ciberseguridad con el derecho a la intimidad y la protección de datos de carácter personal.

La seguridad nacional, por todo ello, constituye un objeto importante e ineludible de conocimiento, investigación y trabajo para el Derecho constitucional. Y debería interesar a todos los ciudadanos.

 

***Artículo escrito por Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional y abogado.

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